La reciente sanción del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, por invocar a Dios en un mitin, reaviva el debate sobre un tema de hondas raíces culturales. El JNE sostiene que ello vulnera la neutralidad electoral, la cual prohíbe referencias religiosas en campañas. Sin embargo, esta medida contradice la Constitución Política de 1993, que garantiza la libertad de conciencia y religión, tanto individual como colectiva.

El uso de referencias divinas en actos públicos es milenario. En Grecia, el horkos era un juramento sagrado ante Zeus. En Roma, el sacramentum invocaba a Júpiter como testigo supremo. Esta tradición grecorromana, integrada luego al cristianismo, llegó a España y al Virreinato del Perú.

Durante el Virreinato, jurar “por Dios y sobre los Santos Evangelios” era costumbre en actos oficiales. El 28 de julio de 1821, San Martín impulsó el “Juramento de la Independencia”, en el cual los limeños afirmaron: “Juramos a Dios y a la Patria sostener la Independencia del Perú”. La fe se entrelazaba con el patriotismo.

Ya en la República, se estableció la libertad de culto. Sin embargo, el uso simbólico de Dios persistió en juramentos civiles y militares. Estos actos no son imposiciones religiosas, sino expresiones de convicción moral, donde lo sagrado respalda el compromiso cívico. Ejemplos como Bolognesi o Valer dan cuenta de esta dimensión espiritual del deber patriótico.

El Perú es un Estado laico, pero ello no implica eliminar la religión del espacio público. La laicidad exige neutralidad estatal, no ateísmo. Por eso, mencionar a Dios en campañas no debería considerarse una infracción, si no se busca imponer una religión oficial. López Aliaga, católico practicante, expresó su fe personal, no impuso un dogma. Castigarlo por ello vulnera su derecho a la libertad de expresión y de conciencia (artículo 2, inciso 4 de la Constitución).

Cuando una norma inferior, como el artículo 7.7 del reglamento de propaganda electoral, entra en conflicto con derechos fundamentales, debe ser derogada. Nadie puede ser sancionado por manifestar su fe. Hacerlo es censurar, y revela un desconocimiento de la jerarquía normativa vigente.
En la vida cotidiana, millones de peruanos invocan a Dios con naturalidad: “¡Dios mío!”, “Gracias a Dios”, “Ve con Dios”. Procesiones como la del Señor de los Milagros movilizan multitudes. Tradiciones como la fiesta de La Candelaria reflejan el sincretismo andino-católico.

En momentos críticos, también se recurre a la fe. Tras el “shock” económico de 1990, el entonces ministro Hurtado Miller concluyó su mensaje diciendo: “Dios nos ayude”. Esta invocación no fue censurada. ¿Por qué sí en campaña?

El presidente jura por Dios al asumir el cargo, pero un candidato no puede mencionarlo. Esa incoherencia debe corregirse. Renovación Popular está registrada como partido humanista y cristiano, como lo son más del 90 % de peruanos.
La laicidad no puede volverse censura. El artículo 7.7 debe derogarse. En el Perú, hablar de Dios no es delito. Es historia, cultura y fe.

¡Dios nos bendiga!

Perversidad proviene del latín pervertere, que significa: al revés, torcido o actuar contra el recto proceder. En su dimensión psicológica, según Kant y Freud, la perversidad es la crueldad fría, el cálculo provechoso aun de la desdicha humana para obtener réditos, gratificaciones personales de placer, de poder o de simple narcisismo; la perversidad niega los sentimientos y el sufrimiento ajeno. Es considerada una de las cualidades más inhumanas del ser humano.

Nerón mandó matar a su madre y tocaba la lira mientras Roma se incendiaba; Calígula contemplaba gozoso la tortura de sus adversarios, como la de sus amigos o propia familia. No le colmaba la muerte, sino el sufrimiento, el acto de crueldad a su vista; la crueldad no como medio, sino como un fin en sí misma.
Fue perverso que los senderistas colgasen de los pies a pequeños bebés en Soras (Ayacucho, 1984) y los destajasen a vista de sus madres, quienes amarradas se retorcían de dolor y llanto hasta morir de un machetazo en la cabeza. Nunca se sabrá si a estos inhumanos les alcanzó la justicia o quizá algunos sean profesores, fiscales, jueces, congresistas o acaso candidatos para el 2026.

Son perversos los políticos que medran del sufrimiento de millones de peruanos en extrema pobreza, sabiendo que el gambito fatal de “yo me hago millonario y tú húndete en la extrema pobreza” es un acto de perversidad. Es perverso sobrevalorar obras y hacerlas absurdamente costosas —refinería de Talara, Línea 2 del Metro, Gasoducto del Sur— mientras la población no tiene agua ni servicios básicos esenciales.
Pero la gran perversidad llegó con la pandemia. Fue perverso destituir a una ministra de Salud, quien recomendó no comprar pruebas rápidas, e inmediatamente comprarlas para terminar con un contagio masivo y más de 200 mil muertes, cifra porcentual más alta en el mundo. Mientras los peruanos morían, Martín Vizcarra diariamente salía en la televisión no con soluciones, sino cruelmente como parte de su “posicionamiento permanente” que su insensato asesor le dictaba. Repartir bonos selectivos con el mismo obsceno propósito cierra el círculo.

Fue perverso que, mientras miles de peruanos morían, Vizcarra, presidente de una nación en crisis, se vacunase a escondidas junto a su hermano y esposa y que luego cínicamente lo niegue y, ante las evidencias, manifieste tramposamente que fue un voluntario que arriesgó su vida para salvar a los peruanos. Esa perversidad no la debemos olvidar jamás.

Fue perversa la demolición de Pedro Chávarry, entonces fiscal de la Nación, quien osó frenar el entreguismo en unas investigaciones con olor a traición a la patria. Titulares de prensa, horas de televisión, declaraciones de títeres, uso frenético de redes para martillar hasta manipular la opinión pública, convertirlo en “villano desechable” y vacarlo.

El perverso no solo goza haciendo daño mientras mantiene una máscara de honesto y humilde. El perverso manipula, miente sin remordimientos, instrumentaliza el dolor ajeno para beneficio propio y destruye sin sentir culpa. Vizcarra encarna esas definiciones: robó en Moquegua, traicionó a PPK, se vacunó mientras los peruanos morían, destruyó honras, regaló dinero público a sus preferidos y, cuando todo se derrumbó, fue cínica su victimización. Su sonrisa de ingeniero provinciano fue la careta perfecta para uno de los gobernantes más perversos de nuestra historia.

Así, 14 años son pocos. ¿Lo hizo solo? Por supuesto que no.

La extrema pobreza en el Perú se mide por la incapacidad de cubrir una canasta básica alimentaria valorizada en 251 soles mensuales en el ámbito rural y 446 en el urbano, según el INEI. Por lo tanto, el indicador de gestión principal (KPI) es el número absoluto de peruanos afectados o el porcentaje de personas por debajo de esa línea.

En 2010, los peruanos en extrema pobreza fueron 3.3 millones; quince años después, 1.9 millones siguen sufriendo hambre, desnutrición crónica, anemia y todos los males. Aun cuando en términos absolutos habría disminuido, el truco se encuentra en que los presupuestos para combatir la extrema pobreza en 2010 fueron 1,800 millones de soles y, a la fecha, son más de 12 mil millones; casi siete veces más de presupuestos.

Los presupuestos de Juntos, Pensión 65, Cuna Más, Contigo, Qali Warma, hoy Wasi Mikuna y mañana nadie sabe cómo se llamará, crecieron explosivamente, pero alrededor del 70 % es gasto corriente, con lo cual el objetivo central y razón de ser de su existencia están en cuestión mientras se mantenga este statu quo. Un fracaso rotundo derivado de un modelo asistencialista sin ninguna salida estructural. Se dio pescado y no se enseñó a pescar.

Un dato importante que sustenta las fallidas estrategias está en el enfoque. El 78 % de la extrema pobreza se ubica en los centros poblados más alejados del Perú. Según el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) del INEI, existen 1,859 centros poblados con alcaldes que rumian su pobreza y viven dependientes del “goteo” presupuestal desde los distritos o provincias. No tienen recursos y son absolutamente dependientes de otros alcaldes.

Si el Estado quiere acabar con la extrema pobreza, ¿por qué solo “gotea” remanentes presupuestales a los centros poblados y no aplica una estrategia exactamente inversa a la actual? Si se quiere cambiar los resultados, no se puede continuar haciendo lo mismo, y en esta sublime tarea hay que empezar por los centros poblados del Perú, de la mano de sus alcaldes, asignándoles presupuestos junto a asistencia técnica y una clara prioridad de objetivos.

De otro lado, la base del asistencialismo son los bonos y alimentos, los que resultan insuficientes. Hay aproximadamente 5 mil km de brechas viales, según Provías; trochas carrozables solicitadas por los centros poblados y caseríos, sin respuesta; mientras la Ingeniería del Ejército no es utilizada en sus capacidades, que incluyen rapidez, economía de medios y plazos perentorios, con lo cual en cinco años se lograría la conectividad que trae desarrollo. Tampoco hay internet ni electricidad, habiendo Starlink y paneles solares, ni titulación masiva.

Falta una visión sistémica y hay la sensación de que solo se asiste por cumplir un programa y no por objetivos claros ni por humanidad. Hay que fusionar programas bajo una sola dirección que, además, promueva inversiones privadas exoneradas de impuestos a condición de que generen oportunidades laborales productivas que frenen el decrecimiento demográfico de las provincias por migración en búsqueda de oportunidades.
Cualquier estrategia positiva y humana debe empezar por los centros poblados, acompañada de la declaración de zonas de interés nacional a los 500 centros poblados con pobreza extrema crítica. A la extrema pobreza no se le administra, se le combate y vence. Es cuestión de estrategias.

Ocho presidentes en nueve años es un insano récord y una expresión de decadencia institucional cuyas secuelas son, entre otras, la muerte y destrucción causada por sicarios o economías ilegales. Los cierres del Congreso y vacancias presidenciales, si bien constitucionales, lamentablemente son vistas en los últimos tiempos como escaques de un tablero táctico que no contempla el impacto estratégico y el caos que engendra a futuro.

El costo económico del caos de la última década es brutal; el Perú creció solo 23 % cuando pudo hacerlo por sobre 55 %. El COVID destruyó 135 mil micro y pequeñas empresas y generó 7 millones de desempleos; ello exigía tener en 2021 un gobierno capaz, con visión y decisión, y en torno a objetivos concretos. La izquierda extrema logró su objetivo de tomar el poder en el bicentenario y puso a Castillo como presidente. Más de 20 mil millones de dólares fugaron por temor a las estatizaciones, dejando millones de desempleados.

En esta década los homicidios saltaron de 7,8 a 11 por cada 100 mil habitantes. Este año, son casi 1700 asesinatos registrados, en un marco de corrupción donde el Perú ocupa el puesto 127 en el mundo. El INPE ha colapsado con hacinamiento de 400 % y cárceles que son escuelas de perfeccionamiento del crimen; fiscales que sueltan sicarios o no acatan leyes; jueces que liberan extorsionadores por “falta de pruebas”; o enfrentamientos entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. En el colmo de la osadía, una fiscal puede romper un acta frente al policía que la redactó, mostrándonos el borde del abismo.

El Congreso en diez años fue cada vez peor. El nivel de los escándalos de muchos de sus integrantes se refleja rápidamente en la desaprobación ciudadana. Desde aquella mayoría apabullante del fujimorismo que desaprovechó una oportunidad dorada, hasta los pactos mafiosos de los “niños” y “mochasueldos”, se demuestra que el Parlamento ha sido infiltrado por el crimen. Leyes con nombre propio, como la llamada “Ley Soto”, que redujo los plazos de prescripción y limpió a otros congresistas; o el archivo de casos flagrantes como el de los “niños”; o congresistas que habrían recibido dinero sucio de Castillo.

De otro lado, Martín Vizcarra traicionó a PPK y cerró el Congreso para elegir uno nuevo que lo vacó por su confirmada incapacidad para ser presidente. Hoy está doblemente inhabilitado, pero sigue con su corona de la corrupción, postulando en desafío flagrante al ordenamiento legal. Como Vizcarra, Castillo es un delincuente y está preso, pero no inhabilitado a pesar de las 69 víctimas producto de su intentona.

La década perdida exige otra de recuperación. Las elecciones de abril de 2026 son cruciales para reordenarse y despegar o hundirse sin remedio. Necesitamos un líder que reconquiste la seguridad desde el primer día y que devuelva la confianza a los inversionistas para crear empleo y frenar la fuga de talentos; para ello deberá respaldarse en una bancada congresal sólida que faculte hacer reformas de fondo como el fortalecimiento de: la JNJ, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INPE, la PNP.

Alguien que destrabe los 60 000 millones de dólares en inversiones mineras y desarrolle un verdadero shock de infraestructura; que entienda el valor de las zonas francas; que combata la extrema pobreza con todas las herramientas y la venza; que destrabe las inversiones paralizadas a nivel nacional y enrumbe al Perú por el camino soñado para las generaciones venideras, de manera IRREVERSIBLE.

En los últimos diez años, el Perú ha sido testigo de una inestabilidad política que roza el colapso institucional. Desde 2016, seis presidentes han desfilado por Palacio de Gobierno: PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Boluarte, y hoy José Jerí es el nuevo inquilino. Nótese que tres de ellos son parlamentarios. Esta rotación frenética es el resultado de un sistema presidencialista desequilibrado, donde solo dos vicepresidencias son barrera insuficiente ante las crisis políticas.
Las traiciones políticas, las censuras y vacancias han expuesto la fragilidad de nuestro sistema democrático. Frente a este panorama, urge una reforma constitucional que cree una tercera vicepresidencia para blindar la democracia representativa y evitar que el presidente del Congreso —figura ajena al Ejecutivo— asuma el poder, desnaturalizando el carácter presidencialista de la República.

La crisis actual se inició en marzo de 2018, cuando Kuczynski renunció ante una inminente vacancia por presunta corrupción, asumiendo Vizcarra, quien, en tratativas oscuras, tomó el poder presidencial y, por hechos de corrupción, mala gestión de vacunas durante la pandemia de COVID, es decir, por incapacidad moral permanente, fue vacado por el Congreso. Aquí radica el primer fallo estructural: la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, había renunciado meses antes en protesta por la disolución congresal, creando una sucesión vacía. Así, Manuel Merino, presidente del Congreso, asumió la jefatura del Estado por pocos días hasta su renuncia en medio de protestas orquestadas por la izquierda caviar. Sagasti, otro congresista, lo sucedió temporalmente.

Este patrón se repitió en 2022. Pedro Castillo, asfixiado por actos de corrupción y enfrentado al Congreso, intentó un golpe de Estado el 7 de diciembre, lo que precipitó su arresto y vacancia inmediata. Dina Boluarte, su única vicepresidenta, asumió constitucionalmente, pero, sin otro vicepresidente en funciones; convenientemente, el cargo estaba vacío desde las elecciones de 2021.

La ausencia de un tercero permitió que, en octubre de 2025, tras la vacancia de Boluarte por la crisis de inseguridad y presunta corrupción, el presidente del Congreso, José Jerí, tomara las riendas del Ejecutivo. En menos de una década, el Congreso ha vacado a tres presidentes, haciendo de la política peruana un terreno incierto, superando incluso a otros Estados políticamente inestables de la región.

La crítica es evidente: dos vicepresidencias son insuficientes en un contexto de alta fragmentación y desconfianza crónica. Las traiciones, las renuncias o censuras dejan huecos que invitan a la intromisión congresal. El artículo 115 establece que, en defecto de ambos vicepresidentes, asume el presidente del Congreso, lo que transforma temporalmente nuestra república presidencial en un régimen semiparlamentario que afecta el principio de separación de poderes e incentiva maquinaciones de legisladores ambiciosos y voluntarios para ser presidentes.

Esta dinámica erosiona la legitimidad democrática, fomenta inestabilidad —con protestas violentas y muertes— y debilita la inversión extranjera, como se vio en la caída del PBI durante las sucesivas transiciones.

Lógicamente, el problema es sistémico. Si en diez años hemos agotado la línea de sucesión tres veces, ¿qué ocurrirá en futuras crisis? La Constitución de 1993 enfatiza el control político sobre la difícil resiliencia. Además, existen dos vicepresidentes que asumen roles simbólicos —participan en el Consejo de Ministros sin voto— y han demostrado ser insuficientes en momentos de crisis. Otra vicepresidencia extendería la cadena a tres, reduciría probabilidades de vacío de poder, minimizaría las opciones del Congreso como solución política y preservaría el Ejecutivo en manos de figuras electas, alineadas al presidente de la República, evitando que un congresista —elegido, entre otras, para fiscalizar al Ejecutivo— dirija políticas ejecutivas nacionales.
La propuesta es clara: modificar la Constitución y elevar a tres vicepresidentes elegidos en fórmula única y con responsabilidades puntuales en el Ejecutivo. Urge, además, blindar su permanencia, prohibiendo renuncias sin causa justificada y elevando umbrales para vacancias, como en otros Estados. En un Perú post-2025, con elecciones inmediatas en 2026 acechando, esta reforma es estratégica en el sentido de futuro. No aplicaría inmediatamente, pero sí para procesos siguientes, y hay que pensar en qué tipo de país le vamos a dejar a las generaciones venideras.

Hay que prevenir que traiciones y censuras conviertan la democracia en un juego de tronos, restaurando la confianza en una república verdaderamente representativa. El Perú es perpetuo y los políticos una circunstancia, pero, como decía Ortega y Gasset, nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, y dejemos de gestionar estas circunstancias tan mal que comprometemos a las venideras generaciones. Hay soluciones y sí se puede.

El alcalde de Lima ha roto paradigmas con su tenacidad para enfrentar a la corrupción. Su determinación es clave, sabiendo que los intereses opuestos pueden barrerte con agravios, noticias falsas, insultos o medias verdades, inclusive atentar contra tu vida.

Los peajes de Rutas de Lima (RDL) “son hijos de la corrupción”, dijo, y es evidente que el crimen transnacional disfrazado de empresas vino a saquear a millones de peruanos con autoridades cómplices en el camino.

Rafael López Aliaga fue audaz al apelar a tribunales estadounidenses, donde la corrupción empresarial, incluyendo el sistema financiero que la avala, es imperdonable. Seamos claros: el caso Lava Jato lo conocimos en Perú gracias a las alarmas del sistema financiero de EE. UU.; caso contrario, como en tantas ocasiones, el crimen de políticos, presidentes, alcaldesas, etc., habría sido perfecto, como en muchos casos en el Perú.
El pasado 2 de octubre, el procurador del Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. anunció la revisión del acuerdo de lenidad (tolerancia o indulgencia) firmado en 2016 con Odebrecht, cuestionando omisiones en las declaraciones de la brasileña y la ausencia de reparaciones a las víctimas en países afectados, incluyendo al Perú. La revisión conduciría a revocar el acuerdo y reabrir delaciones ocultas en el caso de RDL, uno de los casos omitidos por Odebrecht.

El 29 de septiembre, Rutas de Lima —subsidiaria de Brookfield, dueña del 57 % de las acciones de los peajes— huyó hacia adelante al anunciar su disolución en una extraña maniobra donde, además, anuncia que seguirán operando y, por cierto, se queja de la MML, del Poder Judicial, del TC, etc., como si estas instituciones estuviesen coludidas contra ellos y no defendiendo los intereses de millones de peruanos afectados al norte y sur de Lima. No admiten haber adquirido ese 57 % de manera subrepticia a Odebrecht, sabiendo de los actos de corrupción de esta empresa con Susana Villarán y cuando su principal accionista, Marcelo, purgaba cárcel en Brasil.

En el mundo del hampa, a quienes actúan bajo esa modalidad se les conoce como reducidores. Brookfield hizo el rol de reducidor con RDL al comprar peajes “truchos”, con Villarán coimeada para favorecerles.

En segunda instancia, el Poder Judicial debe pronunciarse sobre un hábeas corpus declarado fundado y apelado en primera instancia. El TC decidió a favor de la población privada de su libertad de tránsito en Lima norte; con Lima sur debe suceder lo mismo. A igual responsabilidad, igual derecho.

La extorsión es un crimen letal por estos días en Perú. También hay extorsionadores de cuello y corbata que diariamente drenan dinero familiar en los peajes que Susana Villarán entregó a Odebrecht, empeñando a los peruanos más pobres. Nada más infame ni traicionero.

La prisión perpetua para este tipo de funcionarios no debe admitir dudas si queremos reencausar al Perú y sacarlo de esta vorágine que pretende devorarse el futuro.

Pero ni la esperanza ni la resignación son métodos; hay que tomar decisiones drásticas, “comprarse el pleito” y jugar un ajedrez inteligente y ofensivo para enderezar este barco llamado Perú, que navega a la deriva entre tiburones y caimanes.

Estamos en un punto de inflexión donde el barco puede irse a pique o, como en Singapur, con mano firme se corrija el rumbo pensando en las generaciones venideras. ¿Qué Perú les vamos a dejar?

Tomás Aladino Gálvez ha sufrido en carne propia la falsa denuncia, el cese abusivo, el escarnio y pudo apreciar, en el tiempo que estuvo marginado del Ministerio Público (MP) —con la ventajosa perspectiva de mirar desde fuera— las falencias orgánicas de una institución fundamental del Estado; también pudo ver las cuchipandas supremas para poner y sacar fiscales de la Nación en un “juego de tronos” con intercambio de intereses.

No es frecuente que la Providencia brinde una oportunidad como a Gálvez. Si alguna vez el golpe enseña, es cuando se asimila en primera persona, para entender que el poder fiscal no es para abusar de la indefensión, tampoco omnímodo, sino sujeto a ley; el desacato de su máxima autoridad es también el desacato institucional. ¿Cuánto sirve una institución cuyo líder máximo incumple flagrantemente la ley?

El MP, en muchos pasajes, ha sido un oxímoron perfecto. No se puede violar la ley para perseguir a quienes violan la ley.
Pocas instituciones se libran de ser infiltradas; hasta las FFAA y la PNP han sido en varios momentos víctimas de la infiltración criminal o ideológica, y el MP está perforado por intereses ligados a agendas externas o a ONG. Los profesionales más talentosos no están en el MP; la barrera de ingreso es baja, la provisionalidad lamentable.

Manuel Prado decía que en el Perú había dos tipos de problemas: “los que no tienen solución y los que se resuelven solos”, un síndrome vigente en el MP, que sigue esperando que los problemas se arreglen solos. La provisionalidad es la improvisación hecha regla y la percepción de que cualquiera puede ser fiscal, en desmedro de la justicia.

El tiempo promedio de investigaciones fiscales en el Perú es muy alto con relación a otros países. México, dos a tres años; Colombia, uno a dos años; Alemania, cuatro a siete meses; Corea del Sur, 18 meses; y Japón, tres meses. En el Perú puede tomar siete a diez años si los casos son complejos, y otros son eternos.
El 89 % de la población, según Datum 2025, desconfía de los fiscales por su ineficiencia crónica y muy baja tasa de resolución.
Entonces, la primera batalla por ganar será interna para Gálvez. No puede haber conflictos de carácter institucional con la JNJ, la PNP, el Congreso, el TC. Ello puede obedecer a agendas extrainstitucionales que Gálvez deberá decantar. El caos no es la línea de base para combatir el crimen.

Se debe fortalecer el MP frente al poder excesivo, sin duda, pero especialmente frente a ONG que “forman” fiscales o jueces. Esto implica revisar, caso por caso, la situación de fiscales deformados por organismos foráneos y con intereses subalternos.

El crimen en el Perú se ha quintuplicado desde 2020 y el MP es clave para su combate. Gálvez deberá conseguir el presupuesto solicitado, pues ninguna estrategia funciona sin recursos. Falta saber cuál es su estrategia para combatir el crimen y el incremento presupuestal deberá estar en relación con objetivos concretos, y no para disparar denuncias como Espinoza, según el estado de ánimo, que más parece orientado a sujetar personas que a derrotar el crimen.

Especial atención deberá poner Gálvez a las fiscalías alejadas de la sede central, donde cualquier cosa puede suceder.

¡Frote la lámpara, Aladino! Pero con chicote en mano.

La indiferencia y complicidad son dos caras de una misma moneda que perpetúan la corrupción, erosionan la confianza en las instituciones y condenan a los más vulnerables a la pobreza infinita. Se es indiferente cuando se mira al costado ante hechos dolosos y deviene en complicidad, cuando al silencio o “pacto infame de hablar a media voz”, en palabras de Gonzales Prada, se le suma la peor licencia: la falta de justicia y sanción para quienes, disfrazados de autoridad, emergen súbitamente como millonarios, “trafamillonarios”.

El robo de fondos públicos es rutina y cada año, en ritual penoso, la Contraloría General de la República informa que el 10 % del presupuesto nacional fue robado. Si bien ese es un promedio, hay gobiernos regionales o municipales donde la pérdida de recursos es espantosa y el “diezmo” se ha instituido; cualquier empresario que genera empleo debe pasar por el aro maldito que la burocracia le tiende, o quiebra irremediablemente. Y al aceptar, entra a una danza macabra, sin retorno.

Los “trafamillonarios” hoy abundan y se convierten luego en políticos poderosos e influyentes con quienes pocos pueden lidiar, pues, además, han tejido redes de “discípulos” a sueldo que se encargan de perpetuarlos convenientemente. Muchos quieren reelección inmediata y, si fuese posible, indefinida, pues los fondos públicos saqueados son su potente combustible. Hay notables excepciones de gente proba y comprometida, y en honor a ellos es necesario ampliar el período de gestión regional y municipal a la par del nacional, tiempo prudente para culminar proyectos.

La crisis es evidente; según la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2020 se registró más de 40 mil casos de corrupción, afectando 23 mil millones de soles (3 % del PBI), que dañaron programas sociales y obras vitales. Las Oficinas de Control Institucional, en su mayoría, no funcionan o son débiles; algunas fiscalías retienen las carpetas fiscales hasta que prescriban. Si los jueces sentencian, los prófugos gozan de buena salud y mueven sus tentáculos para poner ahijados y continuar el lucro incesante. El descaro mayor vino con la pandemia y la compra millonaria de pruebas rápidas contra la opinión médica. Hacer trafa con la vida es crimen supino; por ahí va el máximo responsable, campante, dando “lecciones de moral” mientras las familias de 200 mil muertos lloran su desdicha.

Alejandro Toledo degradó la presidencia recibiendo dinero de Odebrecht; Ollanta Humala y PPK, presos por lavado de activos de dineros de Odebrecht; Pedro Castillo, por corrupción y golpe de Estado; Vizcarra, quien se pasea por el Perú y por la cárcel por pedir y recibir coimas. Le siguen Susana Villarán, quien recibió 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS por los peajes y se pasea sin sentencia; “Goyo” Santos, condenado por colusión; Félix Moreno (Callao), por sobornos de Odebrecht; Vladimir Cerrón (Junín); Cáceres Llica (Arequipa); Anselmo Lozano (Lambayeque); César Álvarez (Áncash); Edwin Licona (Cusco). Son unos de una legión de delincuentes de cuello y corbata que hicieron trafa para enriquecerse ilícitamente y jugar a la política.
El daño es grande a partir del mal ejemplo de quienes deben liderar y exigir honradez y transparencia. La prisión perpetua para los cabecillas de cuello y corbata es un imperativo categórico en defensa de la vida y dignidad de la sociedad afectada. No a la anarquía, no a los trafamillonarios.

En el sistema jurídico peruano, amnistía e indulto son figuras de clemencia con propósitos distintos. La amnistía extingue la responsabilidad al borrar el delito, elimina la posibilidad de condenas y antecedentes penales. El indulto es decisión presidencial que perdona total o parcialmente una condena, pero no elimina el delito ni los antecedentes. Este se otorga principalmente por razones humanitarias. La amnistía solo es otorgada por el Congreso de la República.

Hay antecedentes en el Perú de amnistías e indultos. El Estado peruano, controlado por los “primos ideológicos” de los terroristas, hizo uso arbitrario de indultos, como el caso del senderista Gerardo Saravia, quien supuestamente sufría de gastritis y por ello fue indultado. En los gobiernos de Paniagua y Toledo se hizo uso y abuso de beneficios, y hasta hoy no se ha investigado.

La Ley de Arrepentimiento de 1992 fue también una ley de amnistía, pues promovió el olvido de los delitos cometidos por las bandas terroristas y les permitió reintegrarse a la sociedad sin juicios ni sentencias. Fueron centenares quienes se acogieron a esta norma benévola del Estado peruano y nunca más se supo de ellos. Ningún defensor de derechos humanos protestó por esta decisión, pues los beneficiarios fueron sus parientes ideológicos.

La reconciliación en el Perú tras la “guerra contra el terrorismo” es ensueño, por más que la Comisión de la Verdad llevase el nombre pomposo de reconciliación. Una de las causas fue su composición dominada por marxistas, pero hay otras, como la persecución masiva a los miembros de la fuerza pública y de los Comités de Autodefensa a partir de lo escrito en los textos de la CVR sin un fiscal presente; además, la izquierda extremista infiltró el sistema judicial del Estado y muchos fiscales y jueces fueron adoctrinados por ONG precisamente en la tarea de enjuiciar y perseguir a los agentes del Estado. ¿Reconciliación así?

Muy bien que el proyecto de Fernando Rospigliosi y otros congresistas haya sido aprobado y hecho ley. El Perú debe mantenerse firme; basta de abusos y responsabilidades mediatas de quienes no tienen la más remota idea de lo que era comandar tropas a cientos de kilómetros sin la comunicación que hoy existe ni reconocen la hecatombe evitada, como el millón de muertos de las que hablaba su cabecilla. Los juicios eternos o sesgados son el peor ataque a los DD. HH.

Las FFAA, PNP están hechas de peruanos de carne y hueso que lucharon por la patria, dando por ella miles de muertos, mutilados y heridos. Marcharon a la guerra provocada por la izquierda extremista, para defender a la sociedad. La orden fue del Estado y fue el mismo Estado cooptado quien ha perseguido eternamente a quienes vencieron y devolvieron la paz a la sociedad.

Basta que los derrotados escriban la historia a su antojo retorcido, y nadie puede dar órdenes al Perú desde el exterior para que actuemos como los abogados de ONG les sugieren. Somos soberanos, seámoslo siempre; y si insisten, dejemos de inmediato la parcializada CIDH. ¡Honor y gloria a quienes dieron su vida por la paz y la democracia! Valoremos esa democracia.

Se atribuye a Henry Temple –Lord Palmerston–, canciller británico del siglo XIX, la sentencia: “Los Estados no tienen amigos ni enemigos perpetuos, tienen intereses perpetuos…”, que plantea una visión pragmática en las relaciones internacionales, alejada de las emociones personalistas de caudillos que originaron guerras, dividieron naciones y destruyeron Estados a lo largo de la historia.

En efecto, las relaciones internacionales no pueden ser románticas. No soñemos con amigos leales y perpetuos allende las fronteras; tampoco los enemigos serán eternos: son las circunstancias vinculadas a los intereses las que determinan las políticas y decisiones de cada Estado. La experiencia confirma fehacientemente la verdad de la afirmación de Palmerston que, si bien refería a la situación británica del siglo XIX, es extrapolable al siglo XXI.

Para empezar, en el vecindario: Argentina, garante del Protocolo de Río de Janeiro que vincula a Perú y Ecuador, vendió armas y municiones a este último en plena guerra del Cenepa en 1995. Quienes creyeron alguna vez que Argentina era un amigo confiable se equivocaron, pues sus intereses económicos pesaron más que cualquier amistad emocional. Chile, también garante del mismo protocolo, hizo lo propio y nunca brindó explicación alguna. Asimismo, Chile, vecino de Argentina y comiembro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), se convirtió en el mejor portaaviones británico en Sudamérica durante la guerra de las Malvinas.

De otro lado, Inglaterra no dudó en aliarse con Francia para luchar contra Rusia en la guerra de Crimea, luego de muchas guerras entre sí, para terminar también combatiendo juntos contra la Alemania nazi. Hoy son aliados en la OTAN. Priman los intereses de Estado.

¿Alguien cree aún que la Bolivia del MAS es un Estado hermano después del Alto de la Alianza? No confundamos Estado con nación. La población altiplánica es un conjunto y continuo sin límites; otra cosa es el Estado. ¿Alguien cree que es posible fortalecer la Alianza del Pacífico cuando Chile, México y Colombia tienen gobiernos satélites del Foro de São Paulo con intereses distintos? No, por ahora, sabiendo que tampoco los males son perpetuos.

Con Colombia somos socios y, supuestamente, compartimos una visión de integración subregional en la Comunidad Andina (CAN). ¿Es confiable la Colombia gobernada por Petro, un exguerrillero de violencia congénita que ahora pretende desconocer la peruanidad de la isla Santa Rosa? Absolutamente no.
Colombia tiene serios problemas con Petro y con la naturaleza. Esta mueve, y seguirá moviendo, el curso principal del río Amazonas y no con ello el curso de la frontera ni la historia.

Colombia, racionalmente, debería trabajar un canal navegable para que Leticia mantenga un puerto fluvial. Cuidado: Petro está impedido constitucionalmente de reelegirse, pero el 65 % de los colombianos cree que buscaría pretextos para quedarse en el poder por cualquier medio, y uno de ellos sería engendrar problemas externos. Es peligroso cuando los caudillos se sienten como Luis XIV (“El Estado soy yo”) y mezclan sus intereses personales con los verdaderos del país.

Es oportunidad para fustigar a aquellos miopes políticos peruanos que se oponen a que las FFAA recuperen su capacidad operativa. Claro, nunca mandaron a sus hijos a la guerra y miraron de lejos cómo los hijos del pueblo peleamos por ellos en condiciones inaceptables. Entiéndanlo: entre Estados solo hay intereses. El Estado es perpetuo; la paz, no: es hija de la disuasión.

Un presidente de la República, más que exponer listas de resultados o cifras gigantescas, tiene en el mensaje a la nación la oportunidad de compartir una visión, de señalar un camino que motive a los nacionales a seguirlo. En tal sentido, además de un balance necesario, siempre lo más importante estará en el porvenir, donde se afiance la esperanza.

El balance de lo hecho debe indicar dónde estamos y, por sobre todo, a dónde queremos ir; es decir, una visión mínima de objetivos nacionales que, por el nivel estratégico, corresponde hacerla al presidente de la República. Es curioso que en los últimos 15 años nos acostumbraron a oír largos discursos con listas de obras, muchas de ellas incompletas o hasta inexistentes, pero muy poco de lo esencial.

Los orientales suelen decir que se debe dedicar un segundo para el pasado, un minuto para el presente y todo lo demás para el futuro. Según esta perspectiva, todo es futuro. Y, en efecto, cuando usted leyó el título de este artículo, ya es tiempo pasado y, al terminar de leer esta línea, también lo es; el presente es efímero, luego la vida es futuro, y por ello la importancia de que los líderes de cualquier nivel siempre apunten al futuro. A eso le llamamos visión estratégica, que en un tablero de ajedrez significa pensar en varias jugadas adelante y no quedarse en un cuadrado ni en el corto horizonte del peón.

El año 2026 debe ser la gran oportunidad para que el Perú recupere la visión estratégica y se sienten las bases para los próximos cincuenta años, a partir de dos pilares fundamentales: seguridad y desarrollo, que hoy hay que rescatar del crimen organizado transnacional y de las economías ilegales que pretenden usar su poder fáctico para decidir por el Perú.
Existen temas estratégicos que deben constituir verdaderos objetivos nacionales y, por lo tanto, en políticas de Estado: el trasvase de aguas que fluyen al Atlántico hacia la sedienta costa, donde paradójicamente vive alrededor del 60 % de la población nacional y, como dice la canción, para no “morir de sed habiendo tanta agua…”.

Urge una verdadera revolución educativa, como lo hizo Corea del Sur, por ejemplo, y por igual en nuestro fallido sistema de salud; tejer verdaderos sistemas de trenes longitudinales y transversales que conecten nuestros pueblos y nos vinculen también a otros países; internet para todos, que fácilmente puede llegar del cielo a cada rincón del país (Starlink); dar el paso decisivo hacia el valor agregado en pesca y minería, principalmente. Ni qué decir de una auténtica revolución agraria que multiplique nuestras hectáreas de cultivo, de la mano de la precisa tecnología disponible en el mundo.

Rescato el deslinde de la señora Boluarte con el Foro de Sao Paulo, sus títeres y todas esas modalidades bárbaras que terminan anulando las libertades y sometiendo al ser humano a los designios de iluminados perpetuos que no son otra cosa que delincuentes avezados de la política. Si este hubiese sido al inicio de su gestión, las inversiones extranjeras directas habrían crecido y tendríamos menos desempleo. Hoy es lo que tenemos. Miremos al futuro y pensemos en grande.

P. D. Ver desfilar a nuestros héroes mutilados nos recuerda cuánto costó conquistar la democracia. Que esta no caiga en manos improvisadas, peor aún en extremistas que la usen para convertir al Perú en Venezuela.

La cruel muerte de José Miguel Castro es una de una serie de hechos letales en diferentes países de Latinoamérica donde se profundizaron las investigaciones sobre los delitos cometidos por la brasileña Odebrecht y no son producto de la casualidad. Las dudas sobre la autoría de las muertes subsisten; las certezas que favorecen a los investigados son concluyentes.

En enero de 2017, el juez brasileño Teori Zavascki, quien supervisaba la investigación Lava Jato, murió en un accidente de una avioneta, causando conmoción e impacto en las investigaciones. Más extraño es que quien investigaba el accidente, el comisario Antonio Soares, fue asesinado a tiros en abril del mismo año. En ningún caso hay conclusiones de la investigación.

En Colombia, Jorge Enrique Pizano, auditor clave y con información privilegiada sobre sobornos vinculados con Odebrecht, murió en noviembre de 2018, aparentemente de un ataque al corazón; más grave es que, días después, su hijo Alejandro Pizano también murió, envenenado con cianuro, al beber una botella de agua del escritorio de su padre. No han concluido las investigaciones.

También en Colombia, Rafael Marchán, un testigo clave en relación con irregularidades vinculadas a Odebrecht, murió envenenado con cianuro y la narrativa generalizada fue la del suicidio. La fiscal colombiana Amparo Cerón Ojeda, quien investigaba sobornos de Odebrecht en las Rutas del Sol, mientras vacacionaba en Chile con su familia, fue impactada de un balazo en la cabeza; finalmente salvó la vida, pero perdió un ojo. Las investigaciones continúan.

En Paraguay, el fiscal Marcelo Pecci, especializado en lavado de activos y narcotráfico, fue asesinado a tiros mientras vacacionaba en el Caribe con su esposa. Si bien no hay conexión directa con los casos Lava Jato, es llamativo que cuatro individuos sentenciados a más de 20 años de cárcel habrían sido captados por la banda brasileña Primer Comando Capital (PCC), una transnacional del crimen. Un quinto involucrado se refugió en Venezuela.

En el Perú, es llamativo cómo algunos medios y operadores políticos rápidamente cantaron al unísono: ¡suicidio! en el caso del exgerente municipal de Susana Villarán; al conocerse las impactantes imágenes, la posibilidad de un asesinato es concluyente, lo que a su vez evidenciaría una planificación de largos meses y mucha precisión. También el caso de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal, quien murió acribillada y su caso minimizado rápidamente, o el asesinato de seis puñaladas de Nilo Burga, ligado a hechos de corrupción en Qali Warma que involucra a personas cercanas al gobierno.
¿Qué tienen en común estos hechos violentos y con saña? En primer lugar, buscan la impunidad entorpeciendo las investigaciones, hacerlas eternas, ganar tiempo, aterrorizar a otros testigos o juzgadores. En segundo lugar, evitar sentencias que sentencien también el destino de miles de millones de dólares en ganancias ilícitas, obtenidas de manera fraudulenta como en el caso de Rutas de Lima. Las redes mafiosas se protegen entre sí y dieron un paso grande eliminando a quienes puedan delatar sus ilicitudes o, eventualmente, obtener el poder para perseguirlas, como el caso de Uribe en Colombia.

El 2026 es un año electoral crucial para el Perú, y el abanico de probabilidades criminales se extiende desde el financiamiento de las economías ilegales hasta sicariato político. Es difícil escapar a un contexto latinoamericano que nos está dando señales claras de las intenciones y capacidades del crimen. ¡Cuidado!

srael invierte el 6,3 % de su PBI en ciencia y tecnología, lo que convierte a este pequeño país de 22 mil km² (del tamaño de Huancavelica) en líder mundial en investigación y desarrollo científico. Ha logrado trece premios Nobel, doce de ellos en ciencias; lo hecho en los últimos tiempos en materia de seguridad y defensa es, en gran medida, una expresión de lo anterior.
Tres hitos —de muchos en su historia— han marcado fuertemente la identidad israelí: la promesa bíblica de que los descendientes de Abraham tendrían una tierra donde asentarse, es decir, la “tierra prometida” o Canaán; la lucha por la libertad desde la esclavitud en Egipto liderada por Moisés, de retorno a Canaán; y la victoria de David sobre Goliat, que representa la victoria del talento sobre la fuerza. La lucha por la tierra prometida, la búsqueda de la libertad desde un país pequeño frente a otros gigantes, siguen vigentes.

El ataque terrorista en octubre de 2023 tomó por sorpresa a Israel, inusual para un país cuyos sistemas de inteligencia suelen estar dos pasos delante de los acontecimientos. Mil doscientos muertos, violaciones, secuestros de inocentes y otras atrocidades desataron una violenta respuesta contra Hamas, un proxy de Irán en la Franja de Gaza, y luego contra Hezbollah en territorios libaneses. Ambas organizaciones son financiadas, equipadas y entrenadas por el régimen de los ayatolás para destruir a Israel.

Hay dos operaciones israelíes de nivel “quirúrgico” que resaltan en esta guerra en proceso: la decapitación de los mandos de Hezbollah como corolario de un complejo ajedrez de inteligencia que incluyó estudio de hábitos, infiltración en su proceso de toma de decisiones, intervención en la cadena de suministros de equipos electrónicos, la capacidad para camuflar explosivos dentro de anticuados beepers y vendérselos a Hezbollah, que los usaba para evitar interceptaciones. Finalmente, a una hora determinada, los detonaron a distancia de manera simultánea, causando muertos y heridos en la cadena de mando, sumiéndolos en el caos para luego abatirlos con armas convencionales.

La operación “León Naciente” contra Irán fue igualmente excepcional. Primero, por la distancia de casi 2.000 kilómetros que separa a ambos países; y, fundamentalmente, por la “preparación”, que consistió en abatir a los altos mandos de las fuerzas armadas, científicos nucleares y otros altos funcionarios iraníes en sus propios domicilios. ¿Cómo lo hicieron? Pues con un prolijo y anticipado trabajo de inteligencia para determinar las coordenadas de cada sitio. Simultáneamente, infiltraron pacientemente partes pequeñas de drones que se ensamblarían en territorio enemigo. Determinado el día (D), y mientras se vigilaban fronteras y cielos lejanos, desde dentro fueron golpeados quirúrgicamente y decapitada la cadena de mando. Luego vendría la acción más convencional de su fuerza aérea para doblarle las rodillas al régimen que desde 1989 ha sembrado el terror en el Medio Oriente.

La lucha de Israel por la supervivencia y la paz es extraordinaria. Enfrentar a Irán, que es 80 veces más grande territorialmente y con una población 10 veces mayor, recuerda a David contra Goliat. Nada es perfecto, por cierto; si su adelanto tecnológico y talento les permite desarrollar acciones quirúrgicas, confirma que lo mismo pueden hacer en Gaza y evitar muertes, sobre todo de niños, quienes no eligieron nacer allá. Ello perpetúa el odio y la violencia, opuestos a la paz que persigue.
Israel, Israel.

Antiguamente, la extensión del mar territorial era de apenas tres millas, justificadas por el alcance de un cañón de artillería (la conocida Cannon Shot Law), lo que vinculaba el dominio marítimo a la capacidad de defensa. Con el tiempo, ese límite se amplió a 4, 6 y luego 12 millas, no solo por mejoras en el alcance militar, sino también porque países escandinavos y la entonces Unión Soviética extendieron su mar territorial, estableciendo así una norma consuetudinaria. El mar territorial es considerado una prolongación del territorio del Estado, un espacio plenamente soberano.

En 1947, el presidente José Luis Bustamante y Rivero proclamó, mediante el Decreto Supremo 781, la soberanía y jurisdicción exclusivas del Perú sobre 200 millas marinas adyacentes a su costa. Esta histórica postura fue respaldada por Chile y Ecuador, y se consolidó con la Declaración de Santiago de 1952, que reafirmó el dominio marítimo de 200 millas para los tres países. Dicha posición, sin embargo, no fue contemplada en la Convención del Mar (Convemar) de 1982. Por ello, el embajador Juan Miguel Bákula Arias Schreiber no firmó la Convemar, y el Perú mantuvo su postura como principio constitucional.

La Convemar reconoce solo 12 millas de mar territorial, otras 12 como zona contigua, y 188 millas adicionales como zona económica exclusiva. Esta delimitación no recoge nuestra histórica demanda. En este contexto, el Perú debe actuar con suma cautela en el ámbito diplomático, evitando los llamados “actos propios”: conductas, declaraciones o documentos que generen expectativas internacionales y puedan tener consecuencias jurídicas, incluso si se afirma lo contrario. Recordemos el caso de los faros en la frontera terrestre con Chile en 1968, una decisión de Torre Tagle que, décadas después, perjudicó nuestra posición ante la Corte Internacional de Justicia.

Firmar documentos con la Convemar como marco, aunque sin efectos inmediatos, podría comprometer nuestros intereses a largo plazo. El tiempo político pasa, pero los efectos pueden durar medio siglo. La Convemar —que no está escrita en piedra— busca equidad donde muchas veces no la hay. Funciona para mares semicerrados como el Mediterráneo, pero no define con claridad los casos de Estados con mares abiertos, como Perú, Chile o Ecuador. Estos países, beneficiados por la corriente de Humboldt y su biodiversidad, tienen derecho a proteger su mar más allá de las actuales 200 millas.

Es hora de proponer una extensión a 400 millas, con una franja adicional de exclusividad económica que sirva de amortiguamiento. No hay un país físicamente al frente con quien colisionar, pero sí intereses económicos. Quienes impulsan mares internacionales lo hacen por intereses comerciales. Debemos defender nuestros intereses nacionales: no lo hará ningún colectivo internacional por nosotros. La Convemar misma admite que el derecho consuetudinario y los nuevos acuerdos pueden perfeccionar cualquier tratado. Es hora de mirar lejos y actuar en defensa del Mar de Grau.

El crimen se ha generalizado en Latinoamérica y, además de amenazar la vida humana, constituye un verdadero desafío a la soberanía de los Estados. La política, en su dimensión geográfica, está asociada a las dinámicas del ejercicio del poder, donde el Estado tiene el patrimonio de ejercerlo en cada metro cuadrado de su territorio. Ello es universal y un fundamento del Estado-nación que hoy el crimen pone en cuestión.

A las rivalidades entre los Estados por intereses nacionales, les ha salido un alfil transnacional que no cree en leyes, fronteras ni soberanías, y que compite con los Estados para utilizar, controlar y, dado el caso, liberar territorios para fines delincuenciales. El crimen transnacional arremete en casi todos los países de la región con rasgos similares y diferencias de intensidad, creando en muchos casos situaciones de “casi anarquía”, donde la extorsión, sicariato, trata de personas, tráfico de armas son crímenes derivados, y el narcotráfico y la minería ilegal son plataformas logísticas, además de crímenes en sí mismos.

Algunas de las organizaciones criminales transnacionales que amenazan la vida de los ciudadanos y la seguridad nacional son: los mexicanos cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que operan en más de 60 países; las Maras Salvatrucha y Barrio 18 de El Salvador, que si bien han sido controladas por Bukele, operan en muchos otros países; los venezolanos Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, que van desde la extorsión hasta el narcotráfico; el Clan del Golfo, el Comando de la Frontera y el ELN colombianos; los Choneros y los Lobos ecuatorianos; los Pulpos peruanos que actúan en Perú y Chile, entre otros.

Recientemente, una patrulla de 11 militares de las FFAA ecuatorianas fue asesinada en una emboscada del crimen organizado en la provincia de Orellana. Por otro lado, las FFAA peruanas atacaron a un grupo de delincuentes colombianos sobre el río Yaguas, a unos 30 kilómetros dentro de territorio peruano, en la provincia de Putumayo. Un delincuente fue abatido y armas de guerra y abundante munición fueron decomisadas. Los infiltrados pertenecerían a grupos residuales de las FARC dedicados al crimen. Ello reafirma que la defensa nacional está en cuestión, no por amenaza de otro Estado, sino por el poder criminal.

Hay factores que refuerzan el crimen transnacional: la infiltración en la política y los gobiernos, el uso de menores por ser inimputables, la reinversión cruzada de dinero ilegal del narcotráfico en minería ilegal y viceversa, el control de cárceles desde donde se dirige el crimen, el uso de comunidades vulnerables —principalmente nativas— y, por cierto, el uso de violencia extrema que genera terror y doblega a las sociedades en su vocación de paz. Muy grave es la poca acción de la inteligencia financiera, pues el lavado de activos finalmente cierra el círculo del crimen y lo fortalece.

¿Cómo combatir el crimen transnacional? Con un esfuerzo multinacional que suponga acuerdos entre Estados. Un gran problema es, sin embargo, que algunos Estados como Venezuela son cogobernados por el crimen y en otros es auspiciado. Se pueden hacer alianzas con países como El Salvador, Ecuador, Paraguay, Argentina, en tanto el Perú tenga pronto un gobierno que entienda el fenómeno y no tenga miedo en combatirlo con la fuerza de la ley y las armas, asumiendo las responsabilidades derivadas, por un mejor país para las siguientes generaciones. Es un deber hacerlo y, primero, comprenderlo.